Expropiación de YPF

Los motivos del gobierno de EEUU para expresar un rotundo apoyo a la Argentina.

La administración de Donald Trump prepara una declaración a favor de Argentina y en contra de la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, quienes ganaron el juicio por USD 16.099 millones. Se analiza incluso la designación de un intermediario para facilitar un acuerdo extrajudicial.

Actualmente, la orden de "turnover" dictada por la jueza Loretta Preska fue suspendida por tiempo indeterminado tras una presentación conjunta de los abogados del Estado argentino y un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Esto también impacta sobre el caso vinculado a los holdouts de la deuda en default de 2001 (Bainbridge).

YPF, fuera del juicio pero en el centro de la disputa

YPF no participa formalmente del proceso en Nueva York. No tiene representación legal en el juicio ni interviene en las negociaciones. Es considerada un "botín" en el litigio entre privados y el Estado argentino. La Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago María Castro Videla, representa al país y mantiene contratado al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Esta oficina se encuentra bajo sospecha por supuesta venta de información a la contraparte.

La Cámara de Apelaciones concedió una suspensión administrativa temporal mientras un panel de tres jueces analiza la moción de suspensión y la apelación general al juicio. Las fechas clave son el 17 de julio para que los fondos respondan, y el 22 de julio para la réplica argentina. El fallo de segunda instancia podría demorar hasta dos años y seguramente termine en la Corte Suprema de EEUU.

Los argumentos de los fondos buitre

Burford Capital sostiene que el Estado argentino violó el artículo 7° del estatuto de YPF al no ofrecer igual trato a todos los accionistas al momento de la expropiación, y que el corte del giro de dividendos a las empresas de los Eskenazi provocó su default.

Por qué intervendrá el gobierno de Estados Unidos

El Departamento de Justicia de EEUU ya se presentó como amicus curiae en 2024 en favor de Argentina. Volvería a hacerlo con argumentos centrados en la legalidad internacional, la soberanía de los Estados y el riesgo sistémico para los mercados estadounidenses.

Argumento I: Inmunidad soberana

Estados Unidos sostiene que sus jueces no pueden embargar bienes de otro país si no están en territorio estadounidense. Las acciones Clase D de YPF están registradas en la Caja de Valores en Argentina y no cotizan en Nueva York.

Argumento II: Interferencia inconstitucional

El fallo de Preska violaría la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional, interfiriendo en derechos de Estados soberanos.

Argumento III: Violación de la ley argentina

Cumplir con el "turnover" obligaría a Argentina a violar su legislación nacional. La entrega de acciones debería ser aprobada por el Congreso mediante una ley específica. Un eventual DNU también requeriría convalidación legislativa.

Argumento IV: Riesgo de reciprocidad

Existe temor a que este precedente habilite que otros países embarguen bienes estadounidenses en el futuro, afectando la seguridad jurídica y la diplomacia internacional.

El "as bajo la manga": un intermediario

El gobierno de EEUU podría proponer a la jueza Preska y a la Cámara de Apelaciones el nombramiento de un agente intermediario para facilitar un acuerdo extrajudicial, con una suma de pago menor a la sentencia original. No se descarta incluso una intervención pública de Trump a través de su red Truth Social. Sin embargo, el Gobierno argentino actual mantiene una posición inflexible ante cualquier negociación.