Tensión global por YPF

Estados Unidos se suma a la defensa argentina en el juicio más costoso de la historia del país.

En un giro inesperado pero clave, el Gobierno de Estados Unidos decidió respaldar a la Argentina en la disputa judicial por YPF, la petrolera de bandera que enfrenta una demanda por más de 16.000 millones de dólares. El Departamento de Justicia norteamericano presentó formalmente su intención de intervenir ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con un escrito amicus curiae que podría cambiar el rumbo del caso.

Esta decisión se da apenas un día después de que la misma Cámara suspendiera, de manera temporal, la orden de la jueza Loretta Preska que exigía a la Argentina transferir el 51% de sus acciones en YPF a los fondos demandantes. Se trata de una batalla judicial con implicancias geopolíticas, económicas y soberanas de gran profundidad.

Por qué Estados Unidos decide intervenir ahora

El amicus curiae, figura legal que permite a terceros aportar argumentos relevantes en un proceso judicial, fue anticipado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. Ya en 2023, el Departamento de Justicia había advertido que la orden de Preska iba en contra de principios esenciales del derecho internacional, particularmente los relacionados con la inmunidad soberana.

El documento cuestiona que se pretenda embargar activos de un Estado extranjero fuera de territorio estadounidense y subraya que aceptar ese criterio sentaría un precedente peligroso para otros países. "El fallo podría afectar intereses claves de la política exterior de Estados Unidos y dañar el principio de reciprocidad internacional", advirtió el abogado especialista en derecho internacional, Sebastián Soler.

Una disputa que nació en la expropiación de 2012

La causa judicial se originó cuando el Estado argentino expropió el 51% de YPF en 2012 mediante la Ley 26.741, con la intención de recuperar el control estratégico sobre los hidrocarburos. Los fondos Petersen y Eton Park, que eran accionistas minoritarios, denunciaron que el gobierno violó el estatuto de la empresa al no lanzar una oferta pública obligatoria para adquirir sus acciones.

Ambos fondos luego cedieron sus derechos de litigio al gigante Burford Capital, una empresa dedicada a financiar litigios internacionales. En septiembre de 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes, ordenando un resarcimiento superior a los 16.000 millones de dólares. Pero esa sentencia aún no está firme y fue apelada por la Argentina.

El verdadero riesgo: soberanía en juego

El peligro mayor no es solo financiero. Si prospera el pedido de Burford Capital, el Estado argentino debería entregar la mayoría accionaria de su petrolera a fondos internacionales, vulnerando la ley nacional que exige autorización del Congreso para cualquier transferencia de acciones expropiadas.

Desde el punto de vista institucional, aceptar ese fallo significaría permitir que una corte extranjera fuerce al Ejecutivo y al Legislativo argentino a violar su propio orden jurídico. "El precedente afectaría no sólo a Argentina, sino a cualquier país que enfrente una situación similar en el futuro", destacó el especialista.

Lo que viene: una pelea que va más allá de YPF

La presentación de Estados Unidos podría redefinir el caso y marca un hito en la defensa de los activos soberanos ante tribunales internacionales. No solo se trata de YPF, sino del derecho de un país a definir su estrategia energética y su patrimonio estratégico sin ser condicionado por los intereses de fondos especulativos.

En este escenario, la energía vuelve a demostrar que no es solo un recurso: es una herramienta de poder. Y YPF, el emblema de ese poder argentino, está en el centro de una batalla que trasciende lo legal y se juega en los tableros de la diplomacia y la soberanía.