Petroleros tensan la cuerda en Chubut y anticipan un escenario de conflicto en los yacimientos

La crisis que atraviesa la cuenca del Golfo San Jorge sumó un nuevo capítulo de tensión.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado decidió endurecer su postura y anunció medidas de acción directa ante la continuidad de despidos, el incumplimiento de los acuerdos de “Paz Social” y el intento de avanzar con una fuerte reducción salarial para los trabajadores de Chubut.

El secretario general del gremio, Jorge Ávila, denunció que las cesantías continúan pese a los compromisos asumidos el año pasado, cuando el sindicato aceptó acuerdos excepcionales para sostener la actividad tras la salida de YPF y el avance competitivo de Vaca Muerta.

“Los despidos no frenaron”

Desde el gremio aseguran que, lejos de estabilizarse, la situación se agravó. Según Ávila, los despidos no solo se mantienen, sino que ahora golpean con mayor fuerza a las pymes regionales, que operan con márgenes cada vez más ajustados.

El dirigente recordó que el sindicato acompañó medidas clave para sostener la industria, como acuerdos laborales transitorios y el respaldo a iniciativas oficiales para aliviar la carga impositiva del sector. Sin embargo, denunció que las nuevas operadoras no cumplieron con los compromisos asumidos al adquirir los activos.

“Después de todo lo que se hizo para sostener las inversiones, siguen echando gente. Eso es lo que no vamos a permitir”, advirtió.

El salario, en el centro del conflicto

El punto más sensible del conflicto es la posible reducción salarial que dejaría a los trabajadores de Chubut cobrando la mitad del promedio que se paga en Neuquén, sin mecanismos de actualización por inflación.

Desde el sindicato consideran esta propuesta como una línea roja. “No vamos a regalar nuestro salario”, fue la respuesta del secretario general, que advirtió que aceptar ese esquema implicaría una degradación estructural de las condiciones laborales en la provincia.

Para el gremio, la comparación con Neuquén no solo es injusta, sino que ignora las particularidades productivas y sociales de una cuenca madura que aún sigue aportando petróleo al país.

Asambleas y movilizaciones

Ante este escenario, el sindicato convocó a una asamblea en el yacimiento Dragón, donde se explicará la situación a los trabajadores y se definirán los próximos pasos. Además, se anunció una movilización para el miércoles en instalaciones de PECOM, una de las operadoras que asumió áreas tras la salida de YPF.

Ávila fue contundente al advertir que, si las empresas avanzan con despidos masivos, el gremio está dispuesto a poner a prueba la capacidad operativa de los yacimientos sin trabajadores, una señal clara de que no descartan medidas de fuerza de mayor impacto.

Reclamo al Estado y advertencia a las operadoras

El sindicato también exigió la intervención urgente de las autoridades provinciales y nacionales para abrir una mesa de diálogo que permita definir cuándo y cómo se concretarán las inversiones prometidas.

Como ejemplo, Ávila mencionó el caso de Petrominera, que recibió un yacimiento sin personal y en condiciones críticas, lo que expone —según el gremio— la falta de planificación y control en el proceso de traspaso de áreas.

El trasfondo del conflicto es más profundo: la defensa del Convenio Colectivo, la preservación del empleo y el rechazo a una estrategia de ajuste que, para el sindicato, busca compensar la pérdida de rentabilidad de la cuenca reduciendo salarios y dotaciones.

Mientras Vaca Muerta consolida su crecimiento, el Golfo San Jorge enfrenta una transición cada vez más conflictiva, donde el choque entre empresas, trabajadores y Estado amenaza con escalar y paralizar la actividad si no aparecen respuestas concretas.

Paz social mas que una solucion termino siendo una trampa para el trabajador.

Con el paso del tiempo, la firma de la llamada “Paz Social” terminó operando como un boomerang contra los propios trabajadores. Lo que en su momento se presentó como una herramienta para sostener la actividad y preservar el empleo, hoy funciona como un corsé que impide dar pelea en serio. Los sindicatos, al aceptar ese esquema, se ataron las manos frente a las empresas y al Estado. El dinero que supuestamente compensaba ese acuerdo —reflejado en los salarios— ya no marca ninguna diferencia real frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Quedaron atrás décadas de luchas, conquistas históricas y derechos ganados en la calle y en los yacimientos. Hoy, de una forma u otra, los trabajadores están pagando el costo: menos capacidad de reacción, salarios atrasados y derechos que se erosionan sin resistencia efectiva. La paz social, en este contexto, dejó de ser un puente y pasó a ser una trampa.