Escándalo agropecuario: Milei y su gabinete denunciados por presunta “administración fraudulenta”

La denuncia apunta a una maniobra que habría beneficiado a las grandes exportadoras de granos y generado pérdidas fiscales de hasta USD 1.500 millones.

Un verdadero terremoto político y económico sacude al Gobierno nacional: el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Agricultura Sergio Iraeta fueron denunciados penalmente por presunta administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

La presentación, radicada ante el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, también involucra como partícipes necesarios a las cinco principales exportadoras de granos del país: Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill.

La maniobra bajo sospecha

La acusación gira en torno a la polémica “ventana” de 72 horas en la que el Gobierno eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos, hasta cubrir un cupo de $7.000 millones.

En ese breve lapso, las empresas registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19 millones de toneladas, equivalente a un tercio de lo que exportan en un año.

Según la denuncia, el beneficio fiscal obtenido permitiría exportar esos granos en los próximos meses sin pagar retenciones, incluso cuando la ventana de exención ya había cerrado. El costo para el Estado se estima entre USD 1.000 y 1.500 millones en recaudación perdida.

Productores, los grandes perdedores

Mientras las multinacionales aseguraban el beneficio, los productores primarios quedaron relegados. La soja apenas subió un 15% en el mercado interno, muy por debajo del 26% de retenciones que habían sido eliminadas.

“Las exportadoras compraron el grano a valores que sí descontaban retenciones, embolsándose la diferencia”, señala la denuncia.

Además, se cuestiona el accionar de la Secretaría de Agricultura, que en 24 horas emitió dos resoluciones (la 184 y la 185) que ampliaron el alcance de la exención tanto a operaciones futuras como a las ya embarcadas, lo que para los denunciantes consolidó la maniobra.

Denuncia con origen dentro del Estado

Un dato llamativo es el origen anónimo de la denuncia. Fue presentada por un abogado que trabaja en el Estado Nacional, conocedor de los procedimientos técnicos de la administración, que eligió esta vía para evitar represalias internas.

Ahora será el fiscal Rodríguez quien determine si los hechos encuadran en delitos de corrupción y, en ese caso, podría dar paso a una investigación en los tribunales federales de Comodoro Py.