Diputados en alerta mientras el Gobierno acelera contra el reloj

Aunque la reforma laboral aún no fue votada en el Senado, en la Cámara de Diputados la tensión ya es palpable.

El oficialismo y los bloques aliados descuentan que el proyecto será aprobado el próximo miércoles 11, pero el escenario en la Cámara baja aparece mucho más complejo, tanto por los tiempos parlamentarios como por la falta de consenso político real.

La Libertad Avanza enfrenta un calendario adverso. Las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo se extienden solo hasta el 27 de febrero, con una ventana técnica que se acorta aún más por los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17, días en los que no habrá actividad legislativa. En los hechos, el Congreso tendrá menos de dos semanas efectivas para cerrar una de las reformas más profundas del régimen laboral desde los años noventa.

A esto se suma un factor clave: el tiempo administrativo que demanda el Senado para girar la media sanción a Diputados. Si el dictamen sufre modificaciones de último momento —algo altamente probable— el envío podría demorarse, complicando aún más la posibilidad de lograr la sanción definitiva en extraordinarias.

Críticas desde el PRO y aliados

Desde el PRO encendieron una luz de alarma. Su jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, advirtió que el debate está mal planteado desde el inicio porque los diputados no participan de las negociaciones centrales, que hoy se concentran entre el Gobierno nacional, los gobernadores y los senadores.

“Por el tema y por el trabajo que habría que hacer, hoy tendrían que estar trabajando juntas las dos Cámaras, y eso no está pasando”, sostuvo Ritondo. El legislador remarcó que cualquier modificación introducida por Diputados obligaría a que el proyecto vuelva al Senado, retrasando la sanción y dejando al oficialismo atrapado en su propio apuro.

El señalamiento no es menor: Diputados es una Cámara más fragmentada que el Senado, con mayor diversidad de bloques y monobloques, lo que vuelve más compleja cualquier negociación exprés.

Dictamen exprés y debate reducido

Pese a estas advertencias, otros aliados del Gobierno relativizan los riesgos. “Hace 15 años que estamos discutiendo esto”, repiten fuera de micrófono, casi como justificación para avanzar sin debate profundo. Incluso no descartan un dictamen exprés, sin rondas de exposiciones ni participación de especialistas, trabajadores o sectores afectados.

Las comisiones que intervendrían serían Legislación del Trabajo —aún no conformada— y Presupuesto y Hacienda. Un esquema acelerado que refuerza la idea de que el objetivo no es mejorar la ley, sino cumplir con un cronograma político.

La mesa política y el nudo fiscal

La reforma volvió a ser eje de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada. Allí se concentró nuevamente la discusión por el artículo que reduce el Impuesto a las Ganancias a las sociedades, una medida que impacta directamente en la recaudación de las provincias y mantiene enfrentados al Ejecutivo con los gobernadores.

Sin embargo, desde Balcarce 50 dejaron trascender que no habrá cambios sustanciales, a pesar de los reclamos provinciales. El mensaje es claro: la prioridad es aprobar la reforma, aun a costa de tensar el vínculo con las provincias y forzar los tiempos parlamentarios.

Una reforma sin trabajadores

En todo este proceso hay un dato que se repite y se agrava: los trabajadores no están sentados en la mesa. No participan de las negociaciones, no son escuchados en comisiones y no forman parte del diseño final de una ley que redefine sus derechos, indemnizaciones, aportes y estabilidad laboral.

Mientras el oficialismo acelera y los bloques discuten procedimientos, la reforma laboral avanza como una decisión ya tomada. El Congreso debate cómo y cuándo votarla, pero no si responde a una verdadera emergencia laboral, en un país con salarios deteriorados, informalidad creciente y presión impositiva asfixiante sobre quienes aún sostienen el sistema.

La tensión en Diputados no es solo parlamentaria. Es el reflejo de una reforma que nace apurada, negociada entre pocos y con el riesgo de volver a escribir —otra vez— una ley laboral sin trabajadores y contra el tiempo.