Crece el rechazo a la reforma laboral

La CGT, las CTA y los movimientos sociales marchan mañana a Plaza de Mayo.

Las organizaciones acusan al Gobierno de Javier Milei de avanzar sobre derechos históricos, debilitar la negociación colectiva y profundizar la desigualdad. La protesta forma parte de un plan de lucha con medidas graduales.

El rechazo a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo sumará este jueves 18 de diciembre una nueva demostración de fuerza en las calles. La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) confluirán en una movilización masiva a Plaza de Mayo contra el proyecto oficial y el rumbo general de la política económica del Gobierno de Javier Milei.

Según estimaciones de los organizadores, la convocatoria podría reunir alrededor de 150 mil personas, en lo que será una de las mayores protestas sindicales y sociales desde el inicio de la discusión de la reforma laboral en el Congreso.

Un rechazo que va más allá de los cambios introducidos

La marcha se realizará pese a que el Gobierno retiró del proyecto original la eliminación de la cuota solidaria sindical, un punto sensible para el financiamiento de los gremios. Esa modificación fue producto de negociaciones entre el ala dialoguista del oficialismo y la conducción de la CGT, con participación de funcionarios cercanos a la Casa Rosada.

Sin embargo, para las organizaciones convocantes, los cambios no alteran el núcleo del proyecto. Consideran que la iniciativa mantiene transformaciones estructurales regresivas sobre el sistema de derechos laborales vigente y que su aprobación marcaría un punto de inflexión en las relaciones de trabajo en la Argentina.

La voz de la economía popular

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, fue uno de los dirigentes que expresó con mayor claridad los motivos de la protesta. “La reforma laboral está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy tienen una relación salarial formal plena de derechos”, afirmó.

El dirigente del Movimiento Evita cuestionó especialmente el nuevo esquema de despidos: indemnizaciones más bajas, pago en cuotas y exclusión de conceptos como aguinaldo, bonos y adicionales. “Te hacen trabajar más, cobrando menos por ese trabajo extra, y encima proponen que se financie con el aporte de los jubilados”, sostuvo.

Gramajo también rechazó el argumento oficial que vincula la flexibilización laboral con la reducción de la informalidad. “Plantean que quitándole derechos a unos se les va a dar derechos a otros. Eso no solo es injusto, es falso. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”, advirtió.

En ese marco, propuso avanzar en una agenda alternativa: la creación de un Estatuto Laboral para la Economía Popular, que incluya la reactivación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el fortalecimiento del Salario Social Complementario y la posibilidad de convenios colectivos por rama de actividad.

“Una reforma esclavista”

Desde una posición más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, calificó el proyecto como una “reforma esclavista”. Sostuvo que la iniciativa no beneficia ni a trabajadores formales ni informales y que elimina derechos conquistados por generaciones.

“Es un proyecto anti-justicia social. No mejora ingresos, no amplía derechos y no tiene un solo punto a favor de los trabajadores informales”, señaló. Para Castro, cualquier avance en políticas de inclusión laboral solo será posible si la reforma es rechazada en el Congreso.

Apoyo político y de derechos humanos

La movilización también contará con la participación de organizaciones políticas y de derechos humanos. La dirigente de Libres del Sur, Silvia Saravia, afirmó que la protesta busca enviar “un mensaje opositor contundente” al Gobierno y advirtió que la reforma laboral se inscribe en un modelo de ajuste que profundiza la desigualdad.

Saravia vinculó la marcha con el rechazo al Presupuesto aprobado recientemente en el Congreso, al que calificó como regresivo por recortar partidas clave en educación, salud y políticas sociales.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, cuestionó el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que las medidas vulneran el principio de no regresión en materia de derechos humanos, afectando a sectores sensibles como personas con discapacidad, universidades y hospitales públicos.

Unidad sindical y movilización permanente

Las dos CTA confirmaron su participación en la jornada y acordaron una estrategia común con la CGT. Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, informó que las tres centrales sindicales resolvieron poner en estado de movilización permanente a la clase trabajadora.

El plan incluye una movilización central en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en las principales ciudades del país, como parte de una resistencia escalonada frente a la reforma laboral.

Los puntos más cuestionados

Entre los aspectos más criticados del proyecto oficial se encuentran:

• El abaratamiento de los despidos

• La flexibilización de la jornada laboral

• La pérdida de fuerza de los convenios colectivos

• La prioridad de convenios por empresa

• El salario atado a la productividad

• Las restricciones al derecho de huelga

• La ausencia de políticas efectivas para reducir la informalidad

Con la CGT, las CTA y los movimientos sociales alineados, la movilización del jueves 18 aparece como un test político y social clave para el Gobierno, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y el movimiento obrero organizado.