Reforma laboral

El Gobierno confirmó en el Senado que regirá solo para nuevos empleos.

Julio Cordero defendió la iniciativa ante fuertes críticas de la oposición y aseguró que los trabajadores actuales no perderán derechos. La Casa Rosada busca votos contrarreloj para evitar cambios en el recinto.

El debate por la reforma laboral comenzó formalmente en el Senado con una definición clave del Gobierno nacional: la nueva normativa se aplicará únicamente a las futuras contrataciones, mientras que las relaciones laborales vigentes mantendrán los derechos adquiridos. Así lo ratificó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante su exposición ante un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda.

“Los empleos anteriores tienen los derechos consagrados. La ley es para los nuevos”, insistió el funcionario, en respuesta a las críticas del kirchnerismo y de sectores sindicales que advierten sobre una supuesta pérdida de garantías laborales.

Las comisiones están presididas por senadores de La Libertad Avanza, en una señal clara de la prioridad política que el oficialismo le asigna a la reforma en el tramo final del año legislativo.

El eje del Gobierno: más flexibilidad y poder de organización

Durante su intervención, Cordero defendió el espíritu general del proyecto, al que definió como un intento de “modernizar” el mercado laboral argentino. En ese marco, sostuvo que una parte creciente de la población “prefiere trabajar de manera autónoma” y que, en el empleo en relación de dependencia, el objetivo es devolverle al empleador capacidad de organización y control.

No obstante, reconoció que existen aspectos con impacto retroactivo limitado, como los juicios laborales en trámite o la reducción de cargas, puntos que —según explicó— responden a la necesidad de ordenar un sistema que considera “distorsionado”.

“Es un momento histórico. No podemos seguir con diagnósticos eternos y sin resultados”, afirmó el secretario, alineándose con el discurso de fondo del Gobierno de Javier Milei.

El complemento económico: pymes e incentivos

Junto a Cordero expuso la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Carolina Ramos, quien explicó los aspectos del proyecto vinculados a las pequeñas y medianas empresas. Allí destacó tres ejes centrales:

• Nuevos umbrales de inversión para equiparar condiciones con grandes empresas

• Amortización acelerada de inversiones

• Devolución del IVA asociado a esos desembolsos

Estos puntos, sin embargo, despertaron dudas en la oposición, que cuestiona si los beneficios realmente se traducirán en más empleo formal.

Críticas duras del kirchnerismo

El encargado de expresar el rechazo más contundente fue el senador Mariano Recalde, quien trazó un diagnóstico diametralmente opuesto al del oficialismo. Según sostuvo, el empleo no está estancado sino en caída, con 250.000 puestos de trabajo perdidos y más de 22.000 empresas cerradas, de acuerdo con datos de ARCA.

“Nunca una ley laboral generó empleo en Argentina ni en el mundo”, lanzó el legislador, quien enumeró una larga lista de objeciones: incentivo a contratos de locación y tercerizaciones, ausencia de regulación para trabajadores de plataformas, cambios en indemnizaciones que beneficiarían al empleador, modificaciones en vacaciones, eliminación del preaviso en el período de prueba, pago en cuotas de sentencias laborales y la introducción del banco de horas, entre otros puntos.

También cuestionó el concepto de “salarios dinámicos” ligados al mérito y advirtió sobre un posible “revanchismo patronal” en la filosofía general de la reforma.

Una negociación política contrarreloj

Más allá del tono del debate, en el Senado se percibe un clima de negociación permanente. Desde hace semanas, la Casa Rosada y referentes del oficialismo mantienen contactos con bloques aliados para asegurar los votos necesarios y evitar cambios sustanciales en el recinto.

El objetivo es dictaminar el proyecto sin grandes disidencias y llevarlo al recinto antes del cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente hasta el 30 de diciembre. El temor del oficialismo es que una modificación en el recinto obligue a reabrir el debate o retrase la sanción.

En paralelo, el Congreso discute otros temas sensibles para el Gobierno, como los cambios en la ley de glaciares y la aprobación del Presupuesto 2026, lo que tensiona aún más la agenda legislativa.

Un debate que recién empieza

Con posiciones claramente enfrentadas, la reforma laboral entra en una etapa decisiva. Para el Gobierno, es una pieza clave de su programa económico y de desregulación. Para la oposición y los sindicatos, un cambio estructural que puede redefinir las relaciones de trabajo en la Argentina.

El Senado será ahora el escenario donde se mida si el oficialismo logra traducir su impulso político en una mayoría parlamentaria sólida o si deberá ceder en un proyecto que promete seguir generando polémica.