Chubut, el nuevo tablero del uranio

La pulseada por el control del recurso que puede redefinir la energía argentina.

La disputa por el uranio en Chubut comienza a tomar forma de batalla política. Lo que parecía un tema técnico o de laboratorio nuclear se transformó en un asunto de soberanía energética. Detrás de las cifras y los mapas mineros, se libra una pelea silenciosa por el control de uno de los minerales más estratégicos del país.

Con más de la mitad de los proyectos de uranio identificados en Argentina, Chubut concentra el corazón del potencial nuclear nacional. Según informes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la provincia alberga al menos ocho yacimientos relevantes dentro de una superficie que supera las 25.000 hectáreas.

Entre ellos destacan Cerro Solo, con más de 4.400 toneladas de uranio, y Laguna Salada, con unas 4.000 toneladas combinadas entre reservas aseguradas e inferidas. Estos proyectos convierten a la provincia en la principal reserva de uranio del Cono Sur, un dato que no pasa desapercibido en los despachos del gobierno nacional ni entre los actores internacionales que siguen de cerca el renacimiento nuclear.

Torres quiere el control minero

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres abrió una mesa política con la Nación para reclamar la transferencia del control minero sobre los yacimientos de uranio. Amparado en la reforma constitucional de 1994 —que reconoce a las provincias como propietarias de sus recursos naturales—, Torres argumenta que la CNEA mantuvo una política inactiva durante décadas, sin inversiones ni avances reales en exploración.

La propuesta provincial incluye la creación de una subsidiaria de YPF dedicada a la minería de uranio y otros metales estratégicos. El objetivo es avanzar hacia un modelo mixto, con participación pública y privada, que permita transformar las reservas patagónicas en una fuente real de desarrollo y divisas.

Un recurso clave en la nueva matriz energética

El uranio vuelve a posicionarse como un vector de seguridad energética global. En un mundo que busca reducir emisiones pero mantener la oferta eléctrica, la energía nuclear recupera terreno. En ese contexto, el gobierno nacional, a través del Plan Nuclear Argentino, busca reactivar proyectos paralizados y garantizar el autoabastecimiento del combustible necesario para las centrales de Atucha y Embalse, además de explorar nuevas oportunidades de exportación.

El presidente Javier Milei considera al uranio dentro del grupo de minerales críticos para la seguridad energética del país, junto al litio, el cobre y las tierras raras. En esa visión, Chubut aparece como una pieza central de la estrategia energética de los próximos años, tanto por su potencial extractivo como por la infraestructura portuaria que podría permitir su salida hacia los mercados internacionales.

Tensión política y ambiental

Sin embargo, el debate no está exento de tensiones. Chubut mantiene desde hace dos décadas una ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, fruto de una fuerte movilización social. La reactivación del uranio, aunque se presenta como “energía limpia”, despierta resistencias locales, especialmente en las comunidades del centro provincial.

Torres busca un equilibrio: “queremos desarrollo, pero con licencia social y con control provincial”, aseguró en declaraciones recientes. En la Nación, el tema también divide aguas entre quienes ven en el uranio una oportunidad de exportación y quienes advierten los riesgos políticos de reabrir un frente ambiental en la Patagonia.

Chubut, entre la soberanía y el desarrollo

En tiempos en que el país busca divisas y equilibrio energético, el uranio se perfila como el nuevo petróleo silencioso. Chubut, con sus reservas bajo tierra, se coloca en el centro de una ecuación que combina energía, política y territorio.

El desenlace de esta disputa no solo definirá quién controla los recursos nucleares argentinos, sino también cómo se escribe el futuro energético de la Patagonia.