Caso YPF: siete países se alinean con Argentina para frenar la entrega del 51% de las acciones

Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Rumania e Israel presentaron amicus curiae en la Corte de Apelaciones de EE.UU.

Se suman al respaldo previo de Washington en la batalla por los 18.000 millones de dólares.

La estrategia internacional desplegada por la Argentina en el caso YPF sumó un espaldarazo clave. Siete países —Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Rumania e Israel— se presentaron como amicus curiae (amigos de la corte) para apoyar la posición del Estado nacional en la Corte de Apelaciones de Nueva York.

El objetivo es frenar la orden de la jueza Loretta Preska, que exige la transferencia del 51% de las acciones de YPF como parte de la ejecución del fallo que condenó al país a pagar más de 18.000 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital.

Fuentes cercanas a la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) confirmaron que el plazo para sumar respaldos vencía este jueves, y que la lista final será comunicada oficialmente por Presidencia.

Un frente diplomático en expansión

El apoyo de estas naciones se suma al del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya había intervenido a favor de la Argentina en una etapa anterior. El caso, que lleva más de una década en disputa, abrió una pulseada en dos planos: el judicial y el diplomático.

Para el Gobierno, se trata de proteger la inmunidad soberana frente a un intento de incautación de activos estratégicos. La PTN argumenta que la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) solo aplica a bienes situados en territorio estadounidense, por lo que las acciones de YPF —que permanecen en el país— no deberían ser alcanzadas.

Dos batallas en paralelo

La defensa argentina se despliega en dos capítulos:

• El “turnover” o traspaso accionario: el intento de Burford de forzar la entrega de las acciones como garantía de pago.

• La apelación del fallo central de 2023: que condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares más intereses, bajo el argumento de que el Estado violó el estatuto de YPF al expropiar la compañía en 2012.

Sobre este punto, la estrategia legal sostiene que la Ley de Expropiación aprobada por el Congreso no puede quedar subordinada al estatuto societario, y que el caso nunca debió tramitarse en un tribunal norteamericano. Además, se cuestiona la aplicación de una tasa de interés y un tipo de cambio que inflaron la deuda a niveles récord.

Lo que viene

La Corte de Apelaciones será la que defina si Argentina debe entregar o no las acciones. Mientras tanto, el Gobierno busca reforzar el frente internacional para demostrar que un fallo de ese tipo no solo afectaría a Argentina, sino que sentaría un precedente riesgoso para la soberanía de cualquier Estado.