YPF: el Gobierno argentino pidió suspender el fallo de Preska y prepara la apelación

El Gobierno nacional presentó ante la jueza neoyorquina Loretta Preska un pedido formal para suspender el fallo que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes .

La administración de Javier Milei argumentó que la decisión judicial excede la jurisdicción de la magistrada, pone en riesgo la soberanía jurídica del país y generaría un “daño irreparable”.

En el escrito, la defensa argentina advirtió que no es posible materialmente entregar esas acciones, ya que están registradas en la Caja de Valores y su traspaso requeriría la aprobación del Congreso Nacional con mayoría agravada, en cumplimiento de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera.

“Preska está invadiendo jurisdicción. No puede ordenar algo que involucra al Congreso y al ordenamiento interno de un Estado soberano”, indica el texto firmado por los abogados argentinos.

La sentencia, que representa un nuevo capítulo en el extenso litigio por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ordena al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de la petrolera, lo que según los abogados “es jurídicamente inaplicable” y “podría derivar en consecuencias irreversibles”.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”

La frase, incluida en el documento judicial, resume el núcleo del argumento argentino: si las acciones se transfieren y luego son revendidas a un tercero, cualquier eventual revés judicial ya no podrá reparar el daño. Por eso, además del pedido de suspensión, se solicitó una medida cautelar para que la Cámara de Apelaciones tenga tiempo de pronunciarse.

La apelación se presentará en los próximos días, dentro del plazo de 14 días hábiles otorgado por Preska. En el trabajo legal intervienen la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzaba Murphy (cercana a Santiago Caputo), y la Procuración General a cargo de Eduardo Casal.

Un fallo con alto impacto político y económico

El vocero presidencial Manuel Adorni calificó públicamente el fallo como “jurídicamente inaplicable”, reforzando el argumento de que las acciones de YPF no están en poder directo del Estado y que su transferencia requiere el aval del Congreso.

YPF es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control accionario está blindado por normativa nacional. El eventual traspaso de acciones a fondos litigantes significaría una pérdida de soberanía energética sin precedentes, con implicancias directas sobre el desarrollo de Vaca Muerta y la seguridad jurídica en futuros procesos de inversión.

¿Negociar o litigar?

Mientras tanto, algunas fuentes cercanas a la causa consideran que el Estado argentino debería abrir una instancia de negociación con Burford y Eton Park para evitar un escenario de ejecución forzada del fallo. Pero esa opción requeriría nuevamente el aval legislativo, en un Congreso donde el oficialismo enfrenta un panorama adverso.

La causa YPF, que comenzó en 2015, podría convertirse en el litigio más costoso de la historia argentina si no se revierte el fallo. Y al mismo tiempo, reabre el debate sobre cómo se manejó la reestatización de la compañía y la necesidad de profesionalizar las decisiones estratégicas en torno a los recursos energéticos.