Ultimátum judicial en EE.UU.:

Preska exige a la Argentina entregar los chats de Massa y Caputo antes del 30 de octubre.

La jueza que lleva el caso YPF en Nueva York redobló la presión sobre el Gobierno argentino y ordenó entregar mensajes y correos electrónicos de los dos últimos ministros de Economía. El país podría ser declarado en desacato si no cumple.

El histórico juicio por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo de tensión internacional. La jueza federal Loretta Preska, a cargo del proceso en Estados Unidos, dispuso que la República Argentina entregue antes del 30 de octubre todas las comunicaciones —chats, correos electrónicos y mensajes fuera de los canales oficiales— intercambiadas por Sergio Massa y Luis Caputo, los últimos dos ministros de Economía.

La magistrada busca determinar si existió una interferencia directa del Estado argentino en las decisiones corporativas de YPF, lo que reforzaría la tesis de que ambos actuaron como una misma entidad. Ese vínculo, conocido en el expediente como figura de “alter ego”, es central para el reclamo del fondo Burford Capital, beneficiario de un fallo que ya supera los 18.000 millones de dólares con intereses incluidos.

Un pedido que incomoda a Buenos Aires

De acuerdo con las transcripciones de la audiencia, Preska rechazó los argumentos del Estado argentino, que había solicitado quedar exento de la medida alegando la imposibilidad de acceder a mensajes personales o comunicaciones privadas de funcionarios. La jueza respondió de forma tajante: el país debe conseguir y entregar el material de cualquier modo, incluso si se trata de dispositivos personales.

Según explicó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, la jueza fue clara en su advertencia: “Si la orden no se cumple, podría dictarse desacato”. La medida se inscribe dentro del proceso de discovery, una etapa habitual en el sistema judicial estadounidense donde las partes deben intercambiar pruebas y documentos relevantes para la causa.

Un litigio que no da tregua

El fallo de Preska, dictado en 2023, responsabilizó a la Argentina por la forma en que se ejecutó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal consideró que el Estado violó compromisos asumidos en el estatuto de la compañía al no extender la oferta de recompra a los accionistas minoritarios.

El fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de las firmas Petersen Energía y Eton Park, es el principal beneficiario de la sentencia. Desde entonces, la defensa argentina intenta reducir el monto de la indemnización y cuestionar la competencia de la corte neoyorquina.

Mientras tanto, la jueza avanza en nuevas órdenes que buscan identificar los nexos entre las decisiones gubernamentales y la conducción de YPF, apuntando a demostrar que ambas estructuras operaron sin separación real.

Riesgo de desacato y nuevo frente diplomático

El posible escenario de desacato judicial preocupa a la defensa argentina, que ve en este requerimiento un gesto de endurecimiento por parte del tribunal. La jueza Preska ya había advertido en audiencias anteriores que la falta de cooperación sería considerada una “violación directa” de las órdenes de la corte.

Este nuevo capítulo se produce en la antesala de la primera presentación formal de la apelación ante el Tribunal de Segunda Instancia, donde el Gobierno argentino espera revertir —o al menos mitigar— la condena inicial.

Por ahora, el reloj judicial corre. Si la Argentina no entrega los mensajes solicitados en tiempo y forma, el caso YPF podría entrar en una fase aún más compleja, con consecuencias financieras y diplomáticas difíciles de dimensionar.