Llega el peaje a Vaca Muerta

La provincia avanza con el cobro al transporte petrolero

El gobierno neuquino oficializó el llamado a licitación para instalar controles de pesaje y peaje electrónico en las rutas 7 y 17, en el corazón del corredor hidrocarburífero. Automovilistas locales estarán exentos, pero las empresas deberán prepararse.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que el cobro de peaje en las rutas petroleras será una realidad a partir de 2026. La medida comenzará a implementarse tras la adquisición e instalación de balanzas dinámicas y sistemas de cobro electrónico, cuya licitación fue publicada esta semana. El objetivo es financiar el mantenimiento de la red vial provincial, cada vez más deteriorada por el intenso tránsito de camiones vinculados a la actividad hidrocarburífera.

“Vamos a cobrar peaje. Sí. Pero no le vamos a cobrar peaje al ciudadano neuquino”, aseguró Figueroa.

La convocatoria oficial es para la provisión e instalación de Puestos de Control de Peaje y Pesaje Dinámico Tipo WIM (Weigh-In-Motion) en las rutas provinciales 7 y 17, vías neurálgicas del desarrollo no convencional de Vaca Muerta. La apertura de sobres será el 24 de junio, y la ejecución está prevista en 8 meses, por lo que el sistema comenzaría a operar en febrero de 2026.

¿Qué vehículos pagarán el peaje?

La ley sancionada en mayo de 2024 establece una “contribución especial por peaje” destinada al sostenimiento de rutas provinciales. La norma incluye prioritariamente las rutas 7, 17, 51 y 67, y faculta al Ejecutivo a incorporar otros tramos en el futuro.

Según el artículo 6, los vehículos radicados en Neuquén estarán exentos del pago total o parcial (hasta el 99%), una medida pensada para proteger a automovilistas locales. En cambio, el foco estará puesto en el transporte de carga pesado, en especial el asociado al desarrollo energético.

La medida ha generado expectativas en Vialidad Provincial, que será la responsable de administrar los fondos recaudados, y preocupación en algunos sectores empresariales, que deberán incorporar este nuevo costo en su estructura operativa.

Tecnología para preservar las rutas

El sistema a instalar incluye una balanza dinámica tipo WIM, que permitirá el pesaje de vehículos sin necesidad de detener el flujo vehicular, y un pórtico electrónico de cobro Free Flow, similar al implementado en accesos a CABA o rutas nacionales.

La balanza identificará en tiempo real el peso por eje y peso bruto total. En caso de infracciones, se derivará al sistema de balanzas estáticas para aplicar sanciones. La iniciativa busca proteger la infraestructura frente al desgaste acelerado por el tránsito pesado.

El presupuesto oficial destinado a la obra es de 1.945 millones de pesos.

¿Una medida justa o recaudatoria?

Si bien desde el gobierno se remarca que “no es una privatización”, hay sectores que observan con cautela el avance de estos sistemas, en un contexto económico donde cada nuevo costo suma presión. Desde empresas de servicios hasta operadoras y transportistas, todos deberán reconfigurar sus costos logísticos en un escenario que cambia.

Al mismo tiempo, vecinos y municipios afectados por el tránsito constante ven en esta medida una posible mejora en el estado de las rutas, aunque resta ver cómo se implementará el control y qué destino tendrán los fondos recaudados.

Empresas: más presión sobre la logística

La cámara que nuclea a empresas de servicios y transporte ya analiza los alcances del nuevo régimen. Si bien aún no se conocen los valores exactos del peaje, preocupa que los márgenes de rentabilidad ya están ajustados, y que este costo adicional podría trasladarse a las tarifas o generar pérdida de competitividad frente a otras cuencas.

“Lo que más nos inquieta es que no hubo una mesa de diálogo previa. Las empresas locales están dispuestas a colaborar, pero necesitan previsibilidad”, advirtió un empresario de Añelo.

Además, señalan que las condiciones de las rutas siguen siendo deficitarias, especialmente en zonas como la 67, la 17 o el tramo entre San Patricio del Chañar y Añelo, donde el tránsito pesado genera pozos, roturas y accidentes con frecuencia.

¿Quién debe pagar por el desgaste de las rutas?

El debate de fondo es quién debe asumir el costo del uso intensivo de la infraestructura vial. Mientras el gobierno provincial defiende el cobro como una contribución lógica del sector que más la utiliza, los actores privados remarcan que ya abonan múltiples impuestos, desde tasas provinciales hasta cargas laborales y aduaneras.

Además, algunos alertan que esta decisión podría ser replicada por otras provincias, como Río Negro o Mendoza, abriendo un nuevo frente de costos logísticos en la macro-región Vaca Muerta.

Un debate que recién comienza

A pocos días de conocerse el llamado a licitación, aún hay más dudas que certezas sobre cómo se aplicará el cobro, qué vehículos estarán alcanzados, si habrá topes según toneladas transportadas, y cómo se reinvertirá el dinero.

Desde diferentes sectores coinciden en que el desarrollo de Vaca Muerta no debe detenerse, pero tampoco puede seguir avanzando sin una política consensuada de infraestructura que garantice rutas seguras, costos razonables y participación de todos los actores.