La jueza de Nueva York Loretta Preska volvió a fallar contra la República Argentina

Fallo por YPF, Preska rechazó pedido de Argentina y exigió listado de activos del Estado en el exterior.

La jueza de Nueva York Loretta Preska volvió a fallar contra la República Argentina en el millonario litigio por la nacionalización de YPF en 2012, y ordenó al país entregar un listado completo de todos sus activos en el exterior, incluidos aquellos considerados estratégicos.

La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa con los fondos Burford y Eton Park, que en 2023 obtuvieron un fallo favorable que obliga a la Argentina a pagarles USD 16.100 millones por supuestas violaciones al estatuto de la compañía en el proceso de expropiación.

El rechazo al pedido argentino

La Procuración del Tesoro había solicitado a la magistrada limitar los requerimientos de información a bienes potencialmente ejecutables, diferenciando aquellos de carácter comercial de los estratégicos, como los vinculados a la defensa nacional.

Sin embargo, Preska rechazó esa moción y ordenó al país entregar la totalidad de los datos, para que luego sea la propia jueza quien defina cuáles activos son embargables y cuáles quedarían exentos.

Un fallo que escala tensiones

El revés se suma a la decisión de la semana pasada, cuando la jueza también desestimó un pedido argentino para frenar la entrega de comunicaciones, correos y chats de ministros de Economía y funcionarios relacionados con el caso.

La Procuración consideró que ambos requerimientos resultan contrarios a la jurisprudencia de Estados Unidos y a la legislación argentina, y adelantó que evalúa las vías procesales para impugnar estas resoluciones dentro de la estrategia general del juicio.

Próximos pasos del proceso

El próximo 4 de septiembre está prevista en Nueva York una audiencia en el marco del seguimiento del proceso de discovery.

Mientras tanto, Argentina mantiene pendientes dos apelaciones:

• Contra el fallo que la obliga a pagar USD 16.100 millones.

• Contra la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF, aún bajo control estatal.

El Gobierno nacional reiteró que no aceptará negociar con los demandantes y que seguirá utilizando todos los recursos legales disponibles para defender los intereses del país.