Juicio por YPF

El Gobierno rechazó las presiones de Burford y defendió la inmunidad de las reservas del BCRA.

La disputa judicial entre la Argentina y el fondo Burford Capital por la expropiación de YPF volvió a sumar un capítulo de alta tensión en los tribunales de Nueva York. En una nueva audiencia ante la jueza Loretta Preska, el Gobierno nacional rechazó de forma categórica los intentos del fondo litigante de avanzar sobre información vinculada a las reservas del Banco Central y calificó los reclamos como “inadmisibles” y contrarios a la inmunidad soberana.

El encuentro se dio en el marco del proceso de discovery ordenado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, instancia que Burford busca profundizar para identificar activos potencialmente embargables del Estado argentino. Desde la Procuración del Tesoro señalaron que, desde que se fijó esta audiencia a fines del año pasado, la estrategia de los demandantes derivó en una “escalada de presión inaceptable” contra el país.

El foco de la disputa: el oro del Banco Central

En las últimas semanas, Burford insistió ante la Justicia estadounidense para obtener información sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en medio de versiones sobre posibles movimientos de lingotes al exterior. Para el Gobierno, ese planteo vulnera principios básicos del derecho internacional.

Fuentes oficiales compararon el reclamo con una hipótesis que consideraron absurda: exigir que la Reserva Federal de Estados Unidos revele al Tesoro norteamericano la composición y localización de sus activos. “Se trata de información protegida por inmunidades soberanas en cualquier jurisdicción”, subrayaron.

Pedido de suspensión del discovery y defensa institucional

Durante la audiencia, la Argentina reiteró su pedido de suspensión del proceso de discovery, al considerar que los requerimientos formulados por Burford son intrusivos, desproporcionados y afectan de manera directa la soberanía del país. No obstante, desde el Ejecutivo ratificaron el compromiso de continuar cumpliendo con las obligaciones procesales mientras el tribunal analiza el planteo.

En ese sentido, el Gobierno informó que avanzará en el envío de solicitudes de información a distintos organismos —como el BCRA, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio de Seguridad— en el marco de los requerimientos vigentes, aunque dejó en claro que no aceptará pedidos que excedan los límites legales.

“Argentina actúa con responsabilidad y buena fe, incluso frente a demandas que consideramos improcedentes”, indicaron desde la representación legal del Estado, al tiempo que remarcaron que se utilizarán todas las herramientas jurídicas disponibles para defender los intereses nacionales.

Un cambio de postura frente a antecedentes recientes

Desde la Procuración del Tesoro recordaron que, durante administraciones anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades en esta misma causa. En contraste, destacaron que desde diciembre de 2023 el país cumplió con los lineamientos fijados por el tribunal y mantuvo una conducta procesal activa.

El Gobierno sostiene que el hostigamiento judicial impulsado por Burford no solo afecta la soberanía argentina, sino que también introduce tensiones innecesarias en la relación bilateral con Estados Unidos, al tratarse de un Estado soberano aliado.

Lo que viene en el expediente

El próximo 19 de febrero, la Argentina presentará formalmente sus argumentos para rechazar el pedido de sanciones y desacato promovido por Burford Capital. En paralelo, los demandantes deberán responder antes del 6 de febrero al planteo de suspensión del discovery. Luego, el Estado argentino presentará su réplica el martes 10, tras lo cual la jueza Preska quedará en condiciones de resolver.

Mientras tanto, el juicio por YPF continúa siendo uno de los frentes judiciales y financieros más sensibles para la Argentina, no solo por el monto del fallo, sino por las implicancias que el avance sobre activos estratégicos podría tener sobre la estabilidad institucional y económica del país.