El impuesto a los combustibles vuelve a postergarse
¿Alivio o bomba de tiempo? Que ira a pasar.
El Gobierno volvió a diferir la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono mediante el Decreto 840/2025. La decisión evita un aumento inmediato en los precios de la nafta y el gasoil, pero reabre una discusión de fondo: ¿hasta cuándo se seguirá administrando el impacto real del costo de los combustibles? ¿Y quién se beneficia con este juego de postergaciones?
Desde 2018, ningún gobierno –ni de uno ni de otro color político– se animó a aplicar por completo la actualización automática que marca la Ley 23.966. Esa actualización está indexada por el IPC y debería aplicarse de manera trimestral. Pero todos los gobiernos la postergaron para evitar aumentos directos en el surtidor y, con eso, frenar la presión sobre la inflación y el malhumor social.
El resultado: el impuesto quedó tremendamente atrasado y cada vez que llega el momento de actualizarlo, implica un salto significativo en el precio final de los combustibles.
¿Qué decidió ahora el Gobierno?
-
Postergó nuevamente la aplicación completa de los aumentos acumulados de 2024 y 2025.
-
Fijó para diciembre 2025 incrementos parciales:
-
+$16,377 para nafta sin plomo y nafta virgen
-
+$13,546 para gasoil
-
+$7,335 adicionales en gasoil (impuesto diferencial)
-
+$1,544 para gasoil y +$1,003 para nafta por CO₂
-
-
Y dejó claro algo clave:
Todo el aumento remanente se aplicará de manera plena el 1° de enero de 2026.
En otras palabras, el Gobierno patea el problema unos meses más… pero la “cuenta” ya está escrita.
¿Quién gana con la postergación?
✔ El Gobierno (en el corto plazo)
Evita un aumento fuerte en combustibles, uno de los precios más sensibles de la economía. Esto ayuda a:
-
contener inflación
-
evitar enojo social
-
sostener la actividad económica hacia fin de año
-
ganar aire político mientras acomoda el plan fiscal
✔ Las petroleras y refinadoras
El atraso impositivo les permite mantener una estructura de costos más controlada en el corto plazo, sin necesidad de absorber parte del aumento o trasladarlo de golpe al surtidor.
✔ Las provincias petroleras
Con precios más moderados se sostiene el nivel de consumo, que mantiene estables la recaudación por Ingresos Brutos y sellos.
¿Quién pierde?
✘ Los consumidores (en el mediano plazo)
Cada postergación acumula aumentos que, tarde o temprano, se terminan aplicando todos juntos.
El 1° de enero de 2026 podría convertirse en uno de esos “saltos” de precios que nadie quiere ver en el surtidor.
✘ El transporte y la logística
Hoy evitan un golpe, pero a futuro enfrentan un aumento mayor.
Y cuando sube el gasoil, sube todo: alimentos, materiales, construcción, insumos… todo.
✘ La transparencia del sistema de precios
Los impuestos deberían tener una lógica clara.
Pero en Argentina hace años funcionan como un botón político: sube, baja o se congela según convenga.
La pregunta que no quiere nadie responder: ¿cuánto debería valer realmente el litro de combustible?
Si se aplicara la ley tal como está escrita, sin postergaciones y con el impuesto totalmente actualizado por IPC desde 2018:
-
la nafta y el gasoil serían hoy significativamente más caros.
-
una parte importante del precio estaría explicada por impuestos atrasados.
El atraso acumulado es tan grande que impacta sobre toda la cadena de valor, desde la recaudación fiscal hasta las ganancias de refinación y logística.
Conclusión: el alivio que se siente hoy será el problema de mañana
El Gobierno busca “orden fiscal sin frenar la actividad”, y por eso estira la aplicación plena del impuesto.
Pero la realidad es que:
-
el impuesto sigue atado al IPC
-
el atraso se acumula
-
y la actualización completa llegará inevitablemente
Para los argentinos, esto significa que el verdadero aumento está diferido, no eliminado.
Se evita el shock hoy… pero se prepara un shock mayor después.
La pregunta es:
¿quién se hará cargo cuando llegue la hora de pagarlo?
Las petroleras ya se preparan. El Gobierno también.
Los que no tienen margen son los usuarios: trabajadores, transportistas, pymes y familias que, una vez más, ven cómo el bolsillo termina siendo la variable de ajuste.
Fuente: vmo
