El Gobierno redefine el mercado eléctrico
El fin de los subsidios y el regreso de los precios reales.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma estructural del mercado eléctrico argentino que marca un quiebre con casi dos décadas de intervención estatal. Con la Resolución 400/2025, la Secretaría de Energía dio inicio al proceso de “normalización” del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un paso que apunta a eliminar subsidios generalizados, restituir precios marginales y reactivar la competencia entre generadores, distribuidores y grandes usuarios.
El nuevo régimen, que entrará en vigor el 1° de noviembre, busca devolverle al sistema el principio de marginalismo económico, es decir, que los precios reflejen el costo real de generación. De este modo, CAMMESA dejará de operar como intermediario central para volver a su rol original: despachar energía, liquidar transacciones y garantizar el equilibrio del sistema.
La medida, que el Gobierno presenta como un paso hacia la “transparencia y sustentabilidad”, abre sin embargo interrogantes sobre su implementación, los tiempos de transición tarifaria y el impacto social que podría generar el sinceramiento de los precios energéticos.
Adiós a los subsidios generalizados
El cambio más profundo radica en la eliminación de los precios administrados y la creación de un mercado marginalista, donde la electricidad se pagará según los costos reales de producción.
Actualmente, el Estado cubre más del 60% del costo total de la energía mediante subsidios que distorsionan las señales económicas, desincentivan la inversión y amplían el déficit fiscal.
Con la nueva resolución, esos subsidios comenzarán a trasladarse gradualmente a las tarifas finales, de modo que los usuarios residenciales y las industrias paguen valores más cercanos al costo de generación.
“Es un paso inevitable si se busca atraer inversiones y dar previsibilidad al sistema”, afirman fuentes del sector, aunque advierten que la transición deberá ser cuidadosamente calibrada para evitar un salto tarifario abrupto.
Libre contratación y señales de inversión
La reforma crea un Mercado a Término de Energía y Potencia, que permitirá contrataciones libres entre generadores, distribuidores y grandes consumidores. Este mecanismo se inspira en el modelo del Plan Gas.Ar, pero con un grado de apertura mucho mayor.
Además, introduce los Servicios de Reserva de Confiabilidad Base y Adicional, que remuneran la potencia disponible en dólares:
-
US$ 1.000 por MW-mes para plantas existentes.
-
US$ 9.000 por MW-mes para nueva capacidad instalada.
El esquema busca incentivar la inversión en nueva generación y fortalecer la seguridad del sistema, aunque los especialistas advierten que su éxito dependerá del equilibrio macroeconómico y la disponibilidad de divisas.
CAMMESA, de árbitro a actor residual
La resolución también redefine el papel de CAMMESA, que dejará de centralizar la compra de combustibles y los contratos de energía. La empresa estatal conservará solo funciones técnicas: despacho, liquidación y proveedor de última instancia para agentes que no consigan abastecimiento.
En la práctica, esto significa un retorno al modelo original del MEM de 1992, donde el mercado funcionaba bajo competencia y mínima intervención estatal.
Fuentes del sector reconocen que el rediseño representa “el cambio más profundo desde las privatizaciones de los años ’90”, aunque advierten que el éxito dependerá de la disciplina regulatoria y política para sostenerlo en el tiempo.
El desafío de la transición
El Gobierno prevé completar la normalización en un plazo de 24 meses, con una transición “gradual y previsible”. Sin embargo, la experiencia argentina muestra que los cambios de régimen eléctrico suelen enfrentar tensiones políticas, tarifarias y sociales.
La clave estará en equilibrar eficiencia económica con sostenibilidad social. Si el Estado logra mantener la estabilidad macro y acompañar con un esquema de subsidios focalizados a los sectores vulnerables, el país podría recuperar un mercado energético competitivo y autosuficiente.
De lo contrario, el intento de normalización podría repetir los vaivenes del pasado, entre liberalizaciones abruptas y regresos a la intervención.
Un nuevo paradigma con final abierto
Con la Resolución 400/2025, el Gobierno cierra el ciclo del intervencionismo energético y apuesta por un mercado guiado por precios reales, competencia y previsibilidad.
El resultado, sin embargo, dependerá de un delicado equilibrio:
-
La macroeconomía, para sostener las reglas.
-
La inversión privada, para ampliar la oferta.
-
La política social, para contener el impacto del sinceramiento tarifario.
El proceso apenas comienza, pero su desenlace definirá la próxima década energética de la Argentina.
Fuente: vmo
