Caso YPF: los fondos acreedores piden que la Justicia de EE.UU. sancione a la Argentina por desacato

Los fondos demandantes en el juicio por la estatización de YPF solicitaron este jueves ante los tribunales federales de Nueva York que la jueza Loretta Preska declare a la Argentina en desacato.

El planteo se da en el marco del proceso de discovery, una instancia clave para la ejecución del fallo que condenó al Estado argentino a pagar más de US$ 16.100 millones más intereses.

La presentación fue realizada por los abogados de los fondos Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital, y apunta a forzar la entrega de comunicaciones privadas y oficiales de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros digitales.

El eje del conflicto: el “alter ego”

El núcleo de la disputa judicial gira en torno al intento de los acreedores de demostrar que distintos organismos públicos y empresas estatales actuaron como alter ego de la República Argentina. Bajo esa figura legal, buscan que entidades como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas sean consideradas jurídicamente equivalentes al Estado, lo que permitiría avanzar sobre activos que hoy están fuera del alcance del embargo.

Para sostener ese argumento, los demandantes aseguran que la Argentina incumplió de manera deliberada una orden judicial que exigía la entrega completa de comunicaciones vinculadas al proceso de expropiación de YPF en 2012.

Pedido de multas millonarias

En su escrito, los fondos solicitaron que la jueza Preska imponga una multa coercitiva de al menos un millón de dólares diarios mientras persista el supuesto incumplimiento. Además, pidieron la aplicación de sanciones civiles adicionales y que se presuma que la información no presentada resultaría perjudicial para la defensa argentina.

Como parte de la estrategia, los demandantes también requirieron que, en caso de que el Estado alegue imposibilidad de acceso a ciertos registros, se convoque a audiencias con testigos. Entre los nombres mencionados figuran funcionarios actuales y anteriores, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Asimismo, exigieron que la Argentina cubra los costos legales derivados de estas actuaciones.

La respuesta del Gobierno

Desde la Procuración del Tesoro rechazaron de plano el planteo y aseguraron que la Argentina cumplió con las órdenes judiciales en el marco del discovery. Según fuentes oficiales, ya se entregaron más de 113.000 páginas de documentación y se realizaron presentaciones periódicas ante el tribunal para demostrar la voluntad de cooperación.

En el Gobierno sostienen que el reclamo de Burford Capital constituye una maniobra de presión para forzar un escenario de negociación, al que califican como “hostigamiento judicial” mediante pedidos que consideran “intrusivos y desproporcionados”.

El cronograma judicial

El calendario procesal ya está definido. La Argentina tendrá tiempo hasta el 19 de febrero para presentar formalmente su escrito de defensa. Luego, los demandantes responderán el 5 de marzo y las audiencias orales están previstas para los días 23 y 24 de marzo. Tras esas instancias, la jueza Preska deberá resolver si hace lugar al pedido de desacato y sanciones económicas.

Un frente abierto con impacto estratégico

El avance de esta causa mantiene abierta una de las principales contingencias legales y financieras del Estado argentino. Más allá del impacto fiscal potencial, el caso YPF sigue siendo observado de cerca por los mercados internacionales, las calificadoras de riesgo y los inversores del sector energético, en un momento en el que el país busca consolidar inversiones de largo plazo en Vaca Muerta y el desarrollo del downstream.

El desenlace de esta etapa judicial podría marcar un punto de inflexión no solo en la estrategia legal del Estado, sino también en su capacidad de preservar activos clave frente a reclamos externos.