Renovables: prórroga de beneficios hasta 2045 promete inversiones por US$5.000 millones y 50.000 empleos

El gobierno nacional avanza con una iniciativa legislativa que busca dar un horizonte de largo plazo al sector de energías renovables en la Argentina.

El proyecto propone extender hasta el año 2045 el régimen de promoción que vence en 2025, con beneficios fiscales y estabilidad regulatoria que apuntan a destrabar más de US$5.000 millones en inversiones y a generar hasta 50.000 empleos en la cadena de valor.

La propuesta, presentada en el Congreso, se enmarca en la estrategia oficial de apertura de mercados y atracción de capitales. La medida llega en un contexto en el que las renovables han multiplicado su capacidad instalada en la última década, alcanzando récords de generación durante junio de este año.

Los ejes del proyecto

El texto legislativo plantea:

• Extensión de exenciones fiscales hasta diciembre de 2045, liberando de impuestos, cánones y regalías a los proyectos de energías limpias, con excepción de contraprestaciones por tierras fiscales.

• Diversificación tecnológica y regional, para que el desarrollo de parques eólicos, solares y de otras fuentes se distribuya en todo el país.

• Nuevas modalidades de contratación, eliminando la obligatoriedad de comprar energía renovable a través de CAMMESA, y habilitando esquemas de autogeneración o acuerdos directos entre privados.

• Seguridad jurídica y estabilidad fiscal por 20 años, bajo un esquema similar al RIGI, lo que reduce riesgos políticos y regulatorios para los inversores.

Oportunidades y comparaciones regionales

El potencial de la Argentina es ampliamente reconocido: la Patagonia cuenta con algunos de los mejores vientos del mundo, mientras que el NOA ofrece niveles de radiación solar comparables con el desierto de Atacama.

De aprobarse, la prórroga podría elevar la participación de renovables en la matriz energética local del 13% actual a más del 30% en 2030, lo que implicaría un ahorro en importaciones de combustibles fósiles estimado en US$2.000 millones anuales.

El desafío está en la infraestructura: las líneas de transmisión eléctrica hoy son insuficientes para absorber nuevos proyectos, un problema que países vecinos ya enfrentaron con políticas de expansión de redes. Brasil supera el 40% de generación renovable gracias a subastas competitivas, mientras que Chile se fijó como meta llegar al 70% en 2030.

Una apuesta alineada a la transición energética

El plan oficial apunta no solo a sumar megavatios limpios, sino también a posicionar a la Argentina como jugador clave en el mercado global de energía baja en carbono. En paralelo, se impulsa un esquema específico para el hidrógeno verde en la Patagonia, con potencial de exportaciones por encima de los US$10.000 millones.

Con este marco legal, el gobierno espera atraer fondos institucionales y capital soberano que priorizan inversiones bajo criterios ESG (Environmental, Social & Governance). En la práctica, el costo nivelado de la energía eólica y solar en el país ya compite con los hidrocarburos, con valores por debajo de US$30/MWh en algunos proyectos patagónicos.

Empleo y desarrollo local

La cadena de valor de las renovables podría generar hasta 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos, desde la construcción de parques hasta el mantenimiento, logística y provisión de equipos. El impacto económico sería doble: mayor independencia energética y dinamización de economías regionales.