Privatización de las represas del Comahue

Milei acelera la venta y las provincias buscan quedarse con parte de la renta hídrica.

El Gobierno nacional oficializó la privatización de las represas de Neuquén y Río Negro y fijó plazos cortísimos para las concesionarias. Los gobernadores Figueroa y Weretilneck celebran un acuerdo que promete regalías en dólares y un canon hídrico, pero la letra chica genera interrogantes.

Por decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei avanzó en la venta de acciones de las cuatro represas más estratégicas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La norma habilita a la Secretaría de Energía a recibir y transferir el capital social de las empresas concesionarias y convoca a un Concurso Público Nacional e Internacional para definir a los nuevos dueños.

Concesionarias bajo presión

Las actuales operadoras –Orazul Energy, ENEL, AES Argentina y Central Puerto– tienen solo cinco días para enviar una “carta de adhesión” si quieren continuar en funciones hasta fin de año. Caso contrario, el Estado dispondrá de 90 días hábiles para garantizar la continuidad operativa. En todos los casos, las concesiones actuales caducan el 31 de diciembre de 2025 como fecha tope.

El acuerdo político con Neuquén y Río Negro

Detrás del anuncio hay una negociación intensa entre Nación y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Ambos mandatarios celebraron la incorporación de condiciones largamente reclamadas:

• Precio de la energía en dólares, lo que estabiliza regalías y facilita financiamiento.

• Porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad para comercializar en el mercado spot.

• Regalías calculadas sobre la totalidad de los ingresos y no sobre conceptos parciales.

• Cobro en especie de la energía, lo que habilita a las provincias a usarla o revenderla.

• Canon por uso del agua, inexistente hasta hoy, que generará ingresos adicionales para las arcas provinciales.

“El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos”, remarcaron Figueroa y Weretilneck en un comunicado conjunto, donde calificaron el acuerdo como “histórico” para la región.

Privatización con tensiones

Si bien la Casa Rosada plantea la operación como un “paso hacia la modernización y la eficiencia”, el esquema abre varias preguntas:

• ¿Quiénes serán los compradores de las represas y qué intereses internacionales estarán detrás?

• ¿El ingreso de privados bajo contratos en dólares trasladará costos al sistema eléctrico y a las tarifas?

• ¿Qué capacidad real tendrán Neuquén y Río Negro para fiscalizar y garantizar que las nuevas condiciones se cumplan en la práctica?

• ¿Se consolida un modelo donde el agua y la generación hidroeléctrica quedan más en lógica de mercado que en clave de soberanía energética?

La pulseada de fondo

El Gobierno nacional busca mostrar que avanza en la privatización de empresas y activos estratégicos, cumpliendo con la narrativa de Milei de “achicar el Estado”. En paralelo, las provincias intentan capitalizar políticamente su “defensa de los recursos” y quedarse con una porción más grande de la renta hidroeléctrica.

Sin embargo, la celeridad de los plazos, la falta de un informe técnico firmado en el expediente y la incertidumbre sobre los futuros operadores mantienen dudas sobre la transparencia y la sustentabilidad de este proceso.

Lo cierto es que, por primera vez en más de 30 años, las represas del Comahue entran en una etapa de redefinición profunda: la energía, el agua y la renta hidroeléctrica ya no serán administradas bajo el viejo esquema de concesiones, sino en un marco donde el capital privado global, el precio en dólares y el poder provincial se cruzan en una pulseada de alto voltaje político.