Milei acelera el plan de privatizaciones en energía y transporte

Mientras Vaca Muerta se consolida como motor de las exportaciones energéticas, el Gobierno nacional avanza en una ola de privatizaciones.

El Gobierno de Javier Milei acelera su programa de privatizaciones y desregulación estatal, con el objetivo de atraer capital privado a sectores clave de la economía. La estrategia busca aprovechar el impulso político tras las elecciones legislativas para mostrar que el retiro del Estado de la gestión empresarial no se detendrá.

En el corto plazo, el Ejecutivo apunta a concretar dos movimientos decisivos: la licitación de rutas nacionales estratégicas y la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, ambas previstas para los primeros días de noviembre.

🔹 Represas del Comahue: una pulseada de alto voltaje

El próximo 7 de noviembre se conocerán las ofertas para el control de Alicurá, El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, activos fundamentales en la generación hidroeléctrica nacional.
El Gobierno espera recaudar entre US$ 500 y 700 millones con la reprivatización de estas centrales, que volverían a manos privadas tras más de dos décadas de administración estatal.

Entre los interesados figuran los actuales operadores —AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul Energy—, que buscarán retener o ampliar sus posiciones. Desde el Ministerio de Economía aseguran que el proceso apunta a “mejorar la eficiencia operativa y garantizar nuevas inversiones”, aunque sectores técnicos y gremiales advierten sobre la pérdida de control estratégico de los recursos hídricos del país.

🔹 Rutas y transporte: el primer tramo de la liberalización

Paralelamente, el Ejecutivo avanza con la licitación de la llamada “Ruta del Mercosur”, la primera concesión bajo la gestión Milei. Se presentaron siete ofertas, y la adjudicación se definiría en las próximas semanas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”. Además, se proyecta lanzar antes de fin de año la segunda etapa de concesiones viales, que comprende más de 4.400 kilómetros de rutas y autopistas —entre ellas la Riccheri, la Ezeiza-Cañuelas y las nacionales 3, 5 y 7—, además de accesos clave a los puertos del Paraná.

🔹 Energía bajo la lupa: Enarsa, Transener, AYSA y Nucleoeléctrica

El sector energético será el eje central de la próxima fase privatizadora.
En Enarsa, el Gobierno definió que la venta se realizará “por unidades”, comenzando con las represas del Comahue.
En tanto, antes de febrero se prevé la venta de las acciones estatales en Transener, principal transportista de energía eléctrica del país.

También se avanza con la valuación de AYSA, encargada del agua y saneamiento en el AMBA, y la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales nucleares Atucha y Embalse, que podría concretarse en 2026.

🔹 Hidrovía y logística: las próximas piezas del tablero

La Hidrovía Paraná-Paraguay, esencial para las exportaciones del agro y la industria, será otro de los activos estratégicos a licitar antes de fin de año.
También figura en carpeta la privatización del Belgrano Cargas, prevista para fines de noviembre o comienzos de diciembre.

El Ejecutivo analiza incluir en el próximo paquete legislativo nuevas empresas estatales para su venta parcial o total, entre ellas Arsat, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, que habían quedado fuera de la Ley Bases aprobada en 2024.

🔹 Una nueva matriz de poder económico

El oficialismo sostiene que el proceso de privatización permitirá “sacar al Estado de donde no debe estar” y liberar recursos para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, distintos economistas advierten que la transferencia de infraestructura energética y logística a manos privadas podría redefinir el mapa del poder económico argentino en los próximos años.

En el corazón de la Patagonia, Vaca Muerta observa este proceso con atención: mientras la Cuenca Neuquina se prepara para exportar su petróleo al mundo con el Oleoducto Vaca Muerta Sur, el futuro control de las represas y redes de transporte podría determinar quién administrará la energía del país en la próxima década.