La reglamentación del Régimen de Inversión en Grandes Infraestructuras (RIGI) trajo sorpresas

RIGI) trajo sorpresas significativas en su implementación, especialmente en términos de los montos mínimos de inversión y los sectores beneficiados.

A pesar de haber sido diseñado para atraer grandes inversiones en energía y minería, los cambios en la "letra chica" han modificado las expectativas de algunas empresas, ajustando los requisitos y beneficios ofrecidos.

Uno de los aspectos más destacados es el aumento en los montos mínimos de inversión para ciertos sectores. Para proyectos de explotación y producción de gas destinados a la exportación, así como para operaciones offshore, el piso se estableció en 600 millones de dólares. Por otro lado, actividades como el transporte, almacenamiento, procesamiento y fraccionamiento se mantuvieron con un mínimo de 200 a 300 millones de dólares, dependiendo del segmento.

Sin embargo, aquellos proyectos que puedan posicionar a Argentina como un proveedor estratégico a largo plazo en mercados internacionales, y que superen los 2.000 millones de dólares en inversiones sucesivas, recibirán un tratamiento privilegiado bajo los "Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo" (PEELP). Estos proyectos no solo gozan de mayores beneficios fiscales, sino también de plazos extendidos para la exportación y un acceso más temprano a divisas.

La industria de hidrocarburos ha sido una de las grandes beneficiadas por esta reglamentación, abarcando desde la construcción de plantas de tratamiento y separación de líquidos de gas natural, hasta oleoductos, gasoductos y refinerías. Además, se incluyen proyectos de licuefacción de gas natural destinados a la exportación de gas natural licuado (GNL), una prioridad clave para la expansión energética del país.

Otro punto de interés es la preferencia por proveedores locales, que se establece en un 20% de la inversión total, siempre que puedan competir en precio, calidad y disponibilidad. Esto busca fomentar el desarrollo industrial local y asegurar que las inversiones extranjeras tengan un impacto positivo en la economía nacional.

En cuanto a la toma de decisiones, la reglamentación otorga a la autoridad de aplicación cierto grado de flexibilidad, aunque bajo la recomendación del Comité Evaluador de Proyectos (CEP). Esto implica que si bien hay espacio para el juicio técnico, las decisiones no pueden ser completamente discrecionales y deben seguir criterios objetivos establecidos en el régimen.

En resumen, la reglamentación del RIGI refuerza el compromiso del Gobierno argentino con atraer inversiones de gran escala, particularmente en el sector energético. No obstante, la velocidad con la que las empresas deben adherirse al régimen y cumplir con las inversiones mínimas refleja el deseo del gobierno de mostrar resultados concretos antes de 2027, un reto que pondrá a prueba la capacidad del país para gestionar proyectos de esta magnitud.