
Juicio por YPF
Argentina apela en Nueva York y busca frenar la entrega del 51% de las acciones.
El Gobierno argentino presentó oficialmente su apelación en el caso YPF ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, intentando revertir la decisión de la jueza Loretta Preska que lo obliga a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera en 2012.
El centro del reclamo ahora está puesto en el 51% de las acciones que Argentina posee en YPF. Los demandantes, encabezados por Burford Capital y Eton Park, buscan que se entreguen esos títulos como forma de pago de la sentencia.
Los cuatro ejes de la apelación argentina
La presentación judicial se apoya en un paquete de argumentos que apuntan a frenar el embargo de las acciones y sostener que el fallo excede las competencias de la justicia estadounidense:
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Inmunidad soberana: la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) de 1976 protege los bienes de los Estados fuera de territorio estadounidense. Según la defensa, las acciones de YPF en Argentina no pueden ser embargadas bajo ninguna excepción prevista por la norma.
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Error en la aplicación del derecho de Nueva York: se utilizó indebidamente la figura de turnover, diseñada para litigios privados y nunca para obligar a un Estado soberano a entregar activos desde su propio territorio.
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Falta de conexión con actividad en EEUU: la FSIA exige que los bienes estén situados en Estados Unidos o se usen en una actividad comercial vinculada al reclamo. Ninguna de esas condiciones se cumple con las acciones de YPF.
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Violación del derecho argentino e internacional: la Constitución y las leyes locales establecen que cualquier transferencia del capital estatal en YPF requiere aprobación del Congreso con mayoría especial. Además, la orden judicial colisiona con principios internacionales como el de cortesía entre Estados (comity) y la doctrina del “acto de Estado”.
El rol de Estados Unidos y el factor geopolítico
La apelación argentina llega con un respaldo clave: el Gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae a favor de la posición nacional, advirtiendo que decisiones como la de Preska pueden afectar las relaciones bilaterales y abrir un frente diplomático.
Se espera que la definición de la Cámara de Apelaciones se conozca recién en el primer trimestre de 2026, lo que le da aire al Gobierno argentino para sostener la disputa mientras negocia en otros frentes financieros.
YPF bajo la lupa: ¿empresa o alter ego del Estado?
En paralelo, Preska exigió a YPF que entregue documentación sensible para determinar si la compañía actúa como un “alter ego” del Estado argentino. Si se comprobara esa relación, los demandantes podrían embargar bienes de la petrolera para avanzar en el cobro del fallo.
Aunque YPF fue formalmente absuelta de responsabilidad en la sentencia inicial, esta etapa de discovery es crítica: si la empresa no logra demostrar su independencia, los acreedores ganarían terreno en su estrategia para ejecutar activos en el exterior.
Lo que está en juego
El caso YPF ya es uno de los litigios más costosos de la historia contra Argentina. La apelación busca evitar no solo la pérdida del control accionario de la petrolera, sino también un precedente peligroso: que la justicia estadounidense pueda forzar a un Estado a desprenderse de activos estratégicos situados dentro de su territorio.
Fuente: vmo