Burford va por el desacato: pedirán sanciones contra la Argentina por el fallo YPF

Los fondos demandantes acudirán este jueves a la jueza Preska para reclamar multas económicas. Aseguran que seis funcionarios aún no entregaron correos y chats exigidos por la Justicia de EE.UU.

La causa por la expropiación de YPF vuelve a tensar la relación entre la Argentina y los tribunales de Nueva York. Este jueves 15 de enero, los beneficiarios del fallo adverso al país —encabezados por el fondo Burford Capital— presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar que la República Argentina sea declarada en desacato y se le impongan sanciones económicas.

La información fue anticipada por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, quien sigue de cerca el litigio. Según explicó, el pedido se fundamenta en el presunto incumplimiento de la orden judicial que obliga al Estado argentino a entregar correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios públicos, en el marco del proceso de discovery por “alter ego”.

El punto crítico: “faltan seis”

El núcleo del reclamo de Burford no es menor ni nuevo, pero ahora toma una dimensión más agresiva. De acuerdo con Maril, la mayoría de los funcionarios requeridos ya entregó la documentación, pero al 12 de enero aún faltaban seis.

Ese faltante es la base del pedido de desacato. Los demandantes sostienen que mientras no se complete la entrega total de la información solicitada, el país sigue en violación de la orden judicial. Por eso, solicitarán que se apliquen multas económicas diarias hasta que se cumpla plenamente con lo exigido por la jueza.

El trasfondo es estratégico: en el discovery de “alter ego”, los fondos buscan demostrar que YPF y el Estado argentino actuaron como una misma entidad, lo que abriría la puerta a avanzar sobre activos de la petrolera para ejecutar el fallo multimillonario.

La posición del Gobierno

Desde la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Economía rechazan la acusación de desacato. Fuentes oficiales aseguran que la Argentina está colaborando activamente con la Justicia estadounidense y que se realizaron entregas parciales y periódicas de la información requerida.

Además, subrayan que una parte del problema radica en la necesidad de obtener el consentimiento de exfuncionarios, tanto de la gestión actual como de administraciones anteriores, lo que complejiza y ralentiza el proceso.

Para el Gobierno, ese contexto invalida cualquier intento de sanción, ya que no existiría una negativa deliberada a cumplir, sino dificultades prácticas y legales en la recopilación total de los registros.

Un calendario judicial que aprieta

El cronograma ya está definido. Tras la presentación de Burford este jueves, la Argentina tendrá tiempo hasta el 19 de febrero para responder formalmente ante la jueza Preska y defenderse del pedido de desacato.

Lo que está en juego no es solo una eventual multa. Un fallo adverso en este punto podría endurecer aún más la posición de los tribunales estadounidenses frente al país y sumar presión financiera y política en una causa que ya es considerada uno de los mayores pasivos judiciales de la historia argentina.

Mientras tanto, el conflicto por YPF sigue sumando capítulos en Nueva York, con consecuencias que exceden lo jurídico y se proyectan de lleno sobre la credibilidad, el riesgo país y el futuro del principal activo energético de la Argentina.